30S Falso Golpe de estado en Ecuador

"La persona que ordenó disparar, violó los tratados internacionales que estipulan que ni en tiempo de guerra se puede atacar un Centro de Salud."

El gobierno no ha podido exponer la veracidad de su versión sobre los sucesos del 30S por la sencilla razón de que no es posible demostrar algo que nunca hubo.
Un año después de la protesta policial del 30 de septiembre de 2010 el tema continúa siendo un elemento gravitante en la vida política del país. Para el gobierno es fundamental convencer a los ecuatorianos que ese día se intentó dar un golpe de Estado e inclusive que estuvo de por medio un intento de magnicidio; sin embargo, esa batalla no la ha podido ganar.
No obstante que durante estos doce meses no haya existido semana en la que Correa u otros voceros gubernamentales dejen de insistir en su trillado argumento del supuesto golpe de Estado y que se ha realizado un millonaria inversión en medios con los mismos propósitos, la versión oficial no convence a cientos de miles de ecuatorianos y eso desespera al gobierno. Es que los sucesos del 30S se produjeron alrededor de una demanda puntual -y por demás justa- de la tropa policial, en la que en ningún momento evidenciaron la intención política de rebasar los límites de sus reivindicaciones materiales específicas.
Los motivos de la protesta
Es indispensable recordar que el amotinamiento policial se produjo en respuesta al veto presidencial a la Ley de Servicio Público que, al igual que a todos los empleados públicos del país, afectaba a la tropa policial y del ejército. A estos últimos lo hacía en el sistema de condecoraciones, ascensos, remuneraciones por tiempo de servicio.
No fueron los únicos en mostrar su descontento, los días previos al 30S los empleados de distintas instituciones públicas, al igual que los jubilados, maestros, todos los estamentos universitarios, entre otros sectores, se movilizaron hacia la Asamblea Nacional para expresar su desacuerdo y rechazo a las diversas leyes de contenido antipopular que salían de su interior. La conflictividad social y política iba en ascenso al punto que, en Carondelet y en la Asamblea Nacional, se hablaba de dar paso a la denominada muerte cruzada como mecanismo para recuperar la iniciativa política, forzando que la atención del país se centre en ese elemento.
La tropa policial nunca pidió la renuncia de Correa, la sucesión presidencial o cosa parecida que signifique la intención de sacar a Correa de la presidencia. En su plataforma, los elementos de contenido político se referían a la destitución de la cúpula policial por no haber defendido sus derechos y que se les reconozca el derecho al voto para elegir una nueva. Nada más.
En un análisis escrito en esos días, el analista Edgar Isch se pregunta ¿Cómo puede haber un golpe de Estado si nadie se plantea el cambio de gobierno? y demuestra que los sucesos del 30S en nada se asemejan siquiera a las condiciones presentes en un acontecimiento de esa naturaleza, pues: los insubordinados ni siquiera presentaron un representante o liderazgo unificado; cuando se presentó un supuesto vocero, él planteó un pliego de peticiones y pidió que se suspenda la paralización; el propio Correa señaló que se reunió con tres grupos distintos de policías mientras estuvo en el hospital; fue evidente la inexistencia de unidad de acción; quienes tomaron la pista del aeropuerto de Quito ni siquiera quisieron hablar con la prensa; no hubo ninguna declaración en contra del gobierno ni buscaron temas que les permita unificar sus demandas con otros sectores sociales; desde el punto de vista simbólico en un golpe de Estado es obligatorio tomar el Palacio de Gobierno o una institución estatal emblemática para demostrar el cambio de gobierno, aquí ni siquiera hubo esa intención; igualmente es obligatorio el control de los medios de comunicación para informar las órdenes de los golpistas, pero nada se hizo en ese sentido.
Maniobra gubernamental
En un inicio e inclusive días después del 30S, Correa y el gobierno calificaron a la protesta policial como minúscula y aislada; sin embargo, con evidente habilidad y malicia política la presentaron como un intento de golpe de Estado, secuestro e intento de asesinato al Presidente. De esa forma pudieron revertir la situación, retomar la iniciativa política y pasar a la ofensiva.
Con la infundada acusación la protesta fue desfigurada y el gobierno cubrió dos objetivos: aislar al movimiento y neutralizar la participación de otros sectores. En las primeras horas de esa mañana las manifestaciones populares de simpatía con el reclamo de los policías surgían en varios sitios; sin embargo, al presentarlo como un movimiento golpista las cosas cambiaron. Ese pueblo que durante años luchó en contra de la oligarquía entregada al imperialismo no podía permitir que sus enemigos lo utilicen para recuperar lo que habían perdido; razonamiento y comportamiento justos, aunque muy pocos en ese momento descubrieron que quien estaba manipulando al pueblo era el gobierno.
Un tercer objetivo, no menos importante, alcanzó el gobierno con su maniobra política: el respaldo a nivel internacional. Los pronunciamientos de solidaridad vinieron de todo lado, Obama y Chávez, Sarkozy y Morales, la OEA y la UNASUR condenaron casi simultáneamente el intento de golpe de Estado. La propaganda gubernamental había dado los resultados esperados, el discurso oficial fue convincente.
No obstante, lo conseguido no era suficiente; la trama creada no podía culminar sin un final dramático, de lo contrario la veracidad del discurso gubernamental quedaría en entredicho. Para que no haya dudas al respecto, el rescate al Presidente debía ser en medio de una acción violenta y peligrosa, pues, debía afirmarse la idea de que se derrotó a una fuerza poderosa y peligrosa. Y así se lo hizo, las fuerzas militares entraron a arrasar, sin importar que el campo de batalla fuera un hospital.
¿Y las pruebas?
Desde allí hasta hoy Correa ha hecho todo lo posible para demostrar que su versión de los sucesos es verídica, pero a pesar de contar con todos los recursos a su alcance no ha podido. De Javier Herrería, testigo clave protegido por la Fiscalía que demostraría que Fidel Araujo era parte de la conspiración para asesinar a Correa ya nadie habla y Araujo ha sido exculpado de eso cargo imputado; tampoco han podido demostrar la participación del Coronel César Carrión, Director del Hospital de la Policía, en el intento de golpe. Hay tres miembros de la tropa policial sancionados con dos años de prisión por el supuesto intento de asesinar al Presidente, y con eso el Ministro de Seguridad Interna, José Serrano, quiere demostrar que sí se quiso acabar con la vida del Presidente.
Un año después del 30S el gobierno no ha podido poner en el tapete los nombres de los autores intelectuales del supuesto intento del golpe de Estado, secuestro e intención de asesinar al Presidente ni demostrar íntegramente ese proceso. Y eso ocurre por la sencilla razón de que no es posible demostrar algo que nunca hubo.
Mas, aún quedan sin responder incógnitas que solo el gobierno puede y debe aclararlas: ¿Por qué no se hizo la autopsia de todos los militares y policías fallecidos la noche del 30S? ¿Por qué no se hace público el tipo de proyectil que se encontró en los cuerpos de algunos de los fallecidos para conocer de dónde salieron esos disparos? ¿Por qué no se dice quién dio la orden de abrir fuego en contra de un hospital en donde había civiles internos, contraviniendo tratados internacionales que prohíben aquello?